El 11 de septiembre de 2025, el presidente Luis Abinader emitió el Decreto 531-25, declarando de alta prioridad nacional la intervención y recuperación de los ríos Ozama e Isabela en el ámbito metropolitano del Gran Santo Domingo, que abarca el Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo. Este decreto busca la regeneración física, urbana y ambiental de las riberas del Ozama, un recurso vital afectado por décadas de contaminación y ocupaciones informales, para mejorar la calidad de vida de más de tres millones de habitantes. La medida responde, en parte, al descuido del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), que ha permitido el relleno de las riberas con desechos sólidos y la proliferación de asentamientos ilegales, agravando la crisis ambiental en la provincia.
El decreto establece límites geográficos precisos, desde el Puente Flotante en el Distrito Nacional hasta el Puente Juan Bosch en la Provincia de Santo Domingo, y designa a la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) como responsable de ejecutar las intervenciones. URBE deberá remozar infraestructuras, construir nuevas dotaciones y reubicar asentamientos, asegurando respeto a las condiciones sociales, culturales y patrimoniales de las comunidades afectadas. Además, se prioriza la socialización con los residentes para garantizar su participación y proteger sus derechos, promoviendo un desarrollo equitativo y sostenible. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales supervisará técnicamente el proyecto, asegurando el cumplimiento de estándares ambientales nacionales e internacionales, la conservación de la biodiversidad y la protección de los ecosistemas acuáticos, forestales y ribereños, en un esfuerzo por revertir el daño causado por años de negligencia.
Este ambicioso plan se alinea con iniciativas previas como la plataforma Rescate Ozama, que, con apoyo de The Ocean Cleanup y el PNUD, ha recolectado 44 toneladas de plásticos mediante el Interceptor 004, posicionando al país como referente regional. El decreto, respaldado por un presupuesto nacional de RD$1,484,234.6 millones para 2025, busca saldar una deuda histórica con el medio ambiente, transformando el Ozama en un espacio de recreación y orgullo. Sin embargo, la inacción previa del ASDE, que ha descuidado la limpieza de las riberas mientras destina recursos a proyectos como la Policía Municipal, subraya la urgencia de esta intervención estatal. El Decreto 531-25 marca un hito para el desarrollo sostenible del Gran Santo Domingo, pero su éxito dependerá de la coordinación efectiva entre el gobierno central, URBE y las autoridades locales para devolverle al Ozama su valor como corazón ecológico de la región.
